GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA 6207, 28/12/2015

Faltando pocos días para la finalización del período constitucional otorgado a la Asamblea Nacional 2010-2015, ésta aprobó en segunda discusión el proyecto de Ley de Semillas, cuyo texto fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria 6207 del 28/12/2015. Como quiera que su contenido se opone en buena parte a conceptos biológicos ampliamente conocidos, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en uso de sus atribuciones como asesora del Estado en las materias que le conciernen, se siente en la obligación de dar a conocer sus puntos de vista sobre la citada ley y los efectos que causaría su aplicación en la agricultura nacional.

Desde el primer artículo, la ley se presenta sesgada políticamente en cuanto a que todo lo relativo a preservación, uso, investigación, innovación en materia de semilla debe hacerse desde una visión agroecológica socialista basada en una agricultura comunal y ecosocialista, con énfasis en la valoración de la “semilla indígena, afrodescendiente, campesina y local” (sic); prohibiendo el uso, multiplicación, entrada al país y producción nacional de semillas transgénicas, bajo el criterio de que con ello se garantiza una alimentación sana y nutritiva, se preserva la diversidad biológica y la vida en el planeta.

Lejos de promover el desarrollo de un sistema moderno de producción de semillas, la ley en comento niega la posibilidad de usar métodos modernos de semillas mejoradas por técnicas de ingeniería genética (organismos genéticamente modificados), mientras se relegitiman solamente los conocimientos, saberes, creencias y prácticas locales, tradicionales y ancestrales de los campesinos, indígenas y afrodescendientes, para lo cual el Estado “promoverá el conuco como modo de producción sustentable y espacio de resguardo de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente” (art 46).

Con esta ley se desconocen las investigaciones en biotecnología, aplicadas  ampliamente en todo el mundo, una vez que las pruebas biológicas rigurosas a las que son sometidas demuestren que tales cultivos permiten la reducción de insecticidas y plaguicidas, disminuyen la erosión de los suelos, tienen un rendimiento mucho mayor de alimentos en la misma extensión de terreno que una semilla convencional. Y lo más importante, hasta ahora, los alimentos originados en cultivos transgénicos que han sido aprobados para su uso en humanos (ejemplo, la soya, cultivo que hoy en día es casi 100% transgénico) no han demostrado provocar daños a la salud.

 Con una mirada prejuiciada, la ley ha sido concebida en total exclusión de científicos en ejercicio, como se desprende de su art. 16 que al definir la composición de la Comisión Nacional de Semilla (CNS), la restringe a representantes del poder popular de ministerios con competencia en ciencia y tecnología, de agricultura y tierras, ambiente, comunas, pueblos indígenas y consejos presidenciales del poder popular, más un vocero del Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Indígena, Campesina y Afrodescendiente.

A pesar del énfasis para impedir la investigación, producción o comercialización de semillas transgénicas, no hay mención alguna a la importación de productos o subproductos obtenidos de estos organismos (maíz, soya, aceites derivados, algodón y telas o ropas derivadas y canola).

Mientras esto ocurre en Venezuela, con una tradición agrícola menos dinámica que la de otros pueblos de la región,  29 países cultivaron en 2015 más de 185 millones de hectáreas de plantas transgénicas. Entre ellos, los principales productores de transgénicos resultan ser nuestros socios de Mercosur, Brasil (42,2 millones de ha), Argentina (24,3), Paraguay (3,9), Uruguay (1,6), Bolivia (1,0) y Chile en menor cantidad (ISAAA, Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas; www.isaaa.org). La ley también ignora la existencia de más de 2 mil estudios efectuados sobre los organismos transgénicos y las ventajas que disfrutan en la actualidad 18,1 millones de campesinos. En efecto, para el año 2014 la reducción en el uso de plaguicidas sobre transgénicos fue del 37%, e incremento en rendimientos de 22% y las utilidades de los productores aumentaron en 68%. Finalmente es importante señalar que los beneficios obtenidos por los países en desarrollo fueron de 96 mil millones de dólares y por los industrializados de 85 mil millones.

Ante esta situación, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales solicita a la Asamblea Nacional abocarse al estudio y revisión de esta ley para hacerla cónsona con los desarrollos modernos que sin duda beneficiarán la productividad agrícola y la economía nacional. A tales efectos, nuestra Corporación está dispuesta a ofrecer su asesoría técnica y científica, en consonancia con sus atribuciones legales.

Palacio de las Academias, Caracas, 20 de enero de 2016

 

Gioconda Cunto de San Blas                                                          Antonio Machado Allison

Presidenta                                                                                           Secretario Académico